Transparencia El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana y la protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. Como consecuencia, ha surgido la necesidad de utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, por lo que nuestra Carta Magna lo ha establecido como una garantía individual, mientras que la legislación secundaria ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

El derecho a la información y el libre acceso a la misma constituyen una garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad, elemento fundamental para garantizar la democracia participativa, a la vez que contribuye a la disminución de la corrupción y fomenta la transparencia en la toma de las decisiones públicas.

El Estado asume entonces la obligación de velar por que la información que llega a la sociedad en general refleje la realidad y tenga un contenido que coadyuve al acceso a la información veraz y oportuna, para que todo ciudadano que así lo requiera, pueda recibir en forma fácil y rápida los conocimientos en la materia o asunto que sean de su interés.

El derecho a la Información, actualmente se encuentra consignado en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, la cual toma en cuenta aspectos tales como la naturaleza de la información proporcionada; fijación de plazos para la entrega de información; vías administrativas y jurisdiccionales para actuar frente a la denegatoria o inconformidad con la información suministrada; imposición de sanciones ante el incumplimiento de la normativa; etc.